Traducción de servicio público en la asistencia sanitaria transfronteriza

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Public service translation in cross-border healthcare = Traducción de servicio público
en la asistencia sanitaria transfronteriza. Unión Europea, 2016

ISBN: 978-92-79-49252-5

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This report should be of interest to all EU citizens and residents pursuing healthcare in a MS other than their own, as well as policy makers, healthcare organizations and providers, language providers (individuals and companies) and NGOs working with linguistically and culturally diverse patients.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea garantiza tanto la movilidad de los ciudadanos en la Unión Europea como su acceso a la asistencia sanitaria. El de la movilidad es un derecho que los ciudadanos ejercen cada vez más, a medida que la distinción entre Estados nación pierde significado, y, cuando se desplazan o residen en un Estado miembro distinto del de afiliación, a veces pueden tener que acceder a servicios de asistencia sanitaria.

En sociedades multilingües y multiculturales como la UE, los pacientes que no hablan bien el idioma del Estado miembro en el que consultan pueden necesitar diversos tipos de ayuda lingüística, como: 1) información en su propia lengua; 2) traducción de documentos concretos (como su historia clínica, o documentos para obtener el reembolso), o bien mediación cultural o interpretación, para poder acceder a una asistencia de calidad en condiciones seguras. Esta es la situación tanto de los pacientes que residen en un Estado miembro cuyo idioma todavía no hablan, como de aquellos que buscan asistencia transfronteriza en similar circunstancia. Ni la Directiva 2011/24/UE1 ni otro acto de la UE (excepto la Directiva 2010/64/UE, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales) contemplan cómo los pacientes pueden tener acceso a información o comunicarse con el personal sanitario en un idioma distinto del propio. En ausencia de disposiciones legales y de directrices de actuación, los pacientes y las organizaciones tienen que idear su manera de hacer frente a sus necesidades de comunicación, lo cual puede, a veces, generar desigualdades de acceso al máximo nivel de protección, garantizado a todos los ciudadanos de la UE.

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